La polémica se generó tras la flamante resolución 360/2020, publicada en el Boletín Oficial, que establece la implementación del plan de Regularización Registral Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores.
Un síndico del RENATRE asegura que la normativa es para otorgarles beneficios a los patrones denunciados por corrupción.
Otra vez un escándalo envuelve al Registro de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) que ya ha sido denunciado por maniobras defraudatorias e irregulares, en la gestión de Cambiemos, por un sistema de recaudación paralela y la explotación de trabajadores rurales.
En esta oportunidad, tras la muerte por coronavirus del titular de la UATRE, Ramón Ayala, -en octubre pasado- las reglas de juego se han modificado considerablemente a punto tal que su sucesor, José Voytenco, se aumentó el sueldo un 300 por ciento (de 146 mil a 445 mil pesos).
Por otra parte, el director del Fondo de Estímulo Renatre (FER), Oscar Bernard, también ha sido congraciado con el 30 por ciento de la totalidad de la condonación surgida del indulto de deudas a empresas que no pagaban contribuciones patronales o poseían trabajadores en la informalidad.
O por citar otro caso, la gerenta Administrativa Legal y Técnica de RENATRE, Érica Utrera, quedó salpicada por una denuncia tras supuestos sobresueldos camuflados de retribución que organizó bajo las órdenes del ex titular del registro, Abel Guerrieri, en el marco de una contratación directa de aproximadamente 10 millones de pesos a la empresa Bielses SA para mejorar el sistema informático del organismo.
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