La defensoría del Público lanzó NODIO, un experimento a través del cual decidirá qué notas contienen contenido malicioso. Quedó a cargo de Miriam Lewin, una periodista de pasado montonero que protagonizó uno de los escándalos periodísticos más grandes de los últimos tiempos.
A través de una iniciativa del gobierno de Alberto Fernández, la defensoría del Público presentó oficialmente NODIO, un polémico experimento que las autoridades describieron como “un observatorio de la desinformación y la violencia simbólica, que trabajará en la detección, verificación, identificación y desarticulación de las noticias maliciosas”.
La iniciativa es polémica en su naturaleza, dado que pone en duda la capacidad de la sociedad de discernir por sí misma cuáles notas son dignas de credibilidad, lo que es un concepto controversial en sí mismo.
El hecho de que se instale como remedio a esta situación la creación de un organismo oficial resulta, como mínimo, preocupante.
Como era de esperar, esta preocupación llegó al Congreso, en donde la bancada de Juntos por el Cambio exigió que su directora, Miriam Lewin, se presente a explicar la naturaleza de la iniciativa.
El organismo apunta a restringir la libertad de expresión ciudadana, que se potenció a partir de la masificación de internet.
Basado en la teoría de que la libertad debe ser restringida para, paradójicamente, “proteger a la ciudadanía”, NODIO se propone decidir bajo sus propios términos lo que es el “buen periodismo” y una "noticia maliciosa".
Este intento de objetivizar lo subjetivo, de mirar de una falsa manera neutral lo que es interpretativo, fue objetivo de críticas por especialistas, quienes afirmaron que “revisar información y adoptar medidas contra quienes informan implica mecanismos que coartan la libertad de expresión”.
No es ésta la primera iniciativa del gobierno que atenta contra la libertad de expresión. En abril de este año, el propio presidente Alberto Fernández, en una movida tan insólita como reprobable, hizo uso de su poder para movilizar en la Justicia una causa contra el periodista Mario Casalongue, por el sólo hecho de dar a conocer el pasado de vedette de la ahora primera dama, Fabiola Yáñez.
Algo similar ocurre en internet, pero no solo con medios como Reverso y Chequeado, cuyos polémicos financiamientos dejan entrever intereses espurios. También en redes sociales.
En los últimos meses, el dirigente político Santiago Cúneo fue censurado en YouTube, al igual que los periodistas Eduardo “El Presto” Prestofelippo y Nicolás Moras.
El primero, incluso, terminó tras las rejas por una publicación de Twitter.
Cuesta recordar un momento histórico de la democracia en el que la libertad de expresión haya sido atacada de una forma tan burda y abierta. Incluso la Justicia pareciera no poder escapar de la embestida contra los medios.
En el proyecto de reforma judicial que se trató durante los últimos meses en el Congreso de la Nación, Oscar Parrilli incluyó una cláusula que obligaba a los jueces a denunciar “presuntas presiones mediáticas”.
La falta de claridad en el concepto daba espacio a cualquier tipo de represalia contra los medios de comunicación y, por ende, contra la libertad de expresión.
Luego del cuestionamiento de propios y extraños, Parrilli se desdijo, aseguró que la idea era sólo “un anzuelo” y la retiró del proyecto.
Los ejemplos se repiten hasta el hartazgo. En un cruce entre Alberto Fernández y la periodista Cristina Pérez durante una entrevista en vivo, el presidente la mandó a la leer la constitución y la ley de Expropiaciones.
Aunque su defensa distaba de ser cierta. Desde entonces, Pérez es uno de los blancos predilectos de los hostigamientos kirchneristas.
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