El amparo que Felipe Solá presentó en 2016 para que se determine la inconstitucionalidad del decreto con el que Mauricio Macri permitió a su familia ingresar al blanqueo todavía no tiene sentencia. Su derrotero.
(Por: Eduardo Médici) A comienzos de 2016, el flamante presidente Mauricio Macri envió un ambicioso proyecto de ley al Congreso de la Nación.
Según sus propias palabras, se trataba de una iniciativa para “resolver todas las situaciones”, desde el pago de sentencias a jubilados hasta la implementación de una “Pensión Universal a la Vejez”.
Dentro de un paquete de leyes bastante heterogéneo, el Presidente incluyó el blanqueo de capitales, una suerte de “moratoria” para que quienes tuvieran dinero no declarado en el exterior pudieran “legalizarlo” sin pagar intereses, punitorios y para, fundamentalmente, no ser alcanzados por el Código Penal.
La iniciativa fue avalada por el Congreso de la Nación, que la sancionó el 26 de mayo de ese año, no sin antes introducirle algunas modificaciones, entre ellas la exclusión del blanqueo a familiares de funcionarios.
El artículo 83 de la norma fue planteado por Felipe Solá y generó primero el rechazo de oficialismo, que más tarde lo aceptó.
El artículo 83 era una novedad dentro de una ley que copiaba las reglas impuestas en los blanqueos de 2008 y de 2013.
Su redacción es tajante respecto de sus efectos: “quedan excluidos de las disposiciones del Título I del libro II los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados de los sujetos alcanzados en los incisos a) al w) del artículo 82”.
Dichos incisos constituyen una enumeración exhaustiva de cargos públicos, empezando por el presidente de la Nación, pasando por Legisladores, jueces y funcionarios del poder judicial, titulares de organismos del Estado, embajadores y hasta personal de los organismos de inteligencia.
En uso de sus facultades, el entonces presidente Macri reglamentó mediante el decreto 895 algunos aspectos de la Ley. Más tarde, en noviembre, emitió un segundo decreto reglamentario, el 1.206, y abrió una fuerte polémica, porque incluyó un artículo que modificaba lo que planteaba la Ley, habilitando el ingreso de familiares a la moratoria, algo para lo que no estaba facultado, ya que no se trataba de un decreto de Necesidad y Urgencia, como comúnmente se cree.
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